EE.UU podría negar la ciudadanía a inmigrantes que reciban ayudas sociales

Este lunes, el Gobierno del presidente Donald Trump anunció una norma que reduce la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de los permisos de residencia, conocidos como «green cards» o de algunos visados.

El Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer este lunes una versión de la regla, que está diseñada para que los inmigrantes con bajos ingresos no puedan llegar o permanecer en el país.

La normativa, que será publicada oficialmente en el Registro Federal el miércoles, entrará en vigor 60 días después de su publicación.

Así, el Gobierno podrá determinar si el inmigrante se ha convertido en una «carga pública» para la Administración, es decir, si «depende principalmente» de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus de inmigración.

De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.

Según medios locales, grupos defensores de los inmigrantes han defendido que esta regla discriminaría a los inmigrantes de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesiten para subsistir.

Estas organizaciones también aseguran que la normativa penalizaría a los inmigrantes con visado de trabajo que necesitan alguna asistencia pública de manera temporal.

Los inmigrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo costo a través de programas subsidiados, también podrían verse obligados a dejar esas ayudas o arriesgarse a ser considerados «carga pública», lo que no les permitiría mantener el estatus de residente legal.

Se espera que la regulación anunciada hoy enfrente demandas legales en los próximos días, por lo que su implementación final podría retrasarse varios meses o, incluso, nunca producirse si la Justicia así lo considera.

Por Redacción de Paparazzi Cubano

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